Según Pesticide Action Network-Europe (PAN-Europe) y Générations futures, la Comisión Europea y los Estados miembros habrían autorizado la homologación de medio centenar de moléculas (es decir, de una decena de pesticidas) sobre los que tienen sospechas de que pueden resultar nocivos para el ser humano o el medioambiente. Estas sustancias se autorizaron gracias a un procedimiento de “volver a remitir” una solicitud, puesto que así se puede evitar la directiva europea de 1991 sobre la evaluación de los riesgos asociados a moléculas fitosanitarias que se emplean en los distintos países de la UE.

“Tal y como sucede a menudo cuando se trata de Europa y de los reglamentos, el asunto es un tanto complicado”, constata Le Monde, que ahonda aún más:

Básicamente se explica a la Comisión que puede que los productores industriales hayan decidido retirar voluntariamente del mercado una sustancia que estuviese en proceso de evaluación para beneficiarse así de un periodo de gracia hasta finales de 2011 antes de retirarlos de hecho... el tiempo necesario para que "volviesen a remitir" un mini-dossier de homologación [menos exigente con respecto a los elementos que hay que facilitar en relación a la toxicidad del producto]. Este procedimiento acelerado únicamente es posible, según defienden desde Bruselas, "si no existen muestras claras de efectos nocivos en la primera evaluación, gestionada por el Estado miembro que autoriza". Las ONG lo enfocan desde un ángulo completamente distinto. François Veillerette, presidente de Générations futures, lo ve como un "regalo" que se hace a la industria envuelto como "homologación con descuento". Según estas dos ONG, con 87 moléculas se ha intentado seguir este atajo y 64 ya han obtenido la homologación definitiva por esta vía. Para los activistas anti-pesticidas, este "regalo" es el fruto de un compromiso con los químicos agronómicos con el objetivo de reducir el riesgo de un contencioso.

facilita unas importaciones que interesan a los países del norte como consumidores al aumentar la oferta y bajar los precios, siendo España el  principal país perjudicado.

El analista critica la actitud de la UE que, el pasado 14 de diciembre, rechazó la renovación de los acuerdos de pesca con Marruecos, puesto que no tenían en cuenta los intereses de los habitantes del Sahara Occidental. Una decisión que ya despertó la ira de Madrid:

por encima de las preocupaciones de los derechos humanos en ese país, los problemas del Sahara, sobre el papel se han impuesto las razones políticas de apoyar al amigo marroquí como puerta y escudo de Europa […] Se han impuesto los intereses económicos de los países al norte de los Pirineos.

La Comisión Europea quería renovarlo por un año, mientras que discute un nuevo acuerdo. Pero "el Sáhara Occidental y la ecología [lo] han tumbado", explica el diario, que indica además que "Estrasburgo considera que el convenio interfiere en los recursos de los saharauis".

El Parlamento basa su decisión en el informe del diputado europeo Carl Haglund, que pone sobre la mesa la cuestión de la legalidad de un acuerdo que incluía la pesca a lo largo del Sáhara Occidental, un territorio anexado por Marruecos, algo que no reconoce la UE, así como el tema de los beneficios para la población saharaui. El diputado liberal finlandés señala igualmente "la explotación excesiva de los recursos de pesca" y el "magro resultado costo-beneficio" del acuerdo.

El País precisa que la decisión va "en contra de la Comisión Europea y de los Estados miembros", y subraya la oposición del Gobierno español. Marruecos ha ordenado inmediatamente a los barcos europeos abandonar sus aguas territoriales, también a lo largo del Sáhara Occidental.

Adevărul señala que "Rumanía, al igual que otros países del Este, recibirá más fondos en el periodo 2014-2020. La nueva reforma ayuda además a estos Estados que van a ganar un 30% más en subvenciones, en detrimento de los países del Oeste". 

Las principales novedades en relación al presupuesto de la PAC [55.000 millones de euros anuales, es decir, el 40% del presupuesto de la UE] consisten en una simplificación de los pagos individuales, una ayuda a la instalación para los agricultores más jóvenes y una disminución en las obligaciones a las que están sujetos los agricultores. El objetivo: permitirles ser más flexibles y adaptarse más a los mercados.

Además, continúa el diario rumano, "las ayudas para los grandes terratenientes tendrán un techo, las subvenciones se concederán en función de la superficie del terreno que se cultive y no en función de la superficie total o de la capacidad de producción. El presupuesto dobla el montante destinado a innovación e investigación. Además, el 30% de la ayuda directa concedida por la UE quedará sujeta a medidas de protección del medioambiente", recoge el Adevărul.

Si Rumanía, que cuenta con el mayor número de explotaciones agrícolas de la UE (el 32% del total de la UE) acoge favorablemente esta reforma, los grandes terratenientes británicos y españoles tendrán de qué preocuparse.

"La UE limitará las ayudas a los 'agricultores de sofá' ", titula Público. El diario madrileño señala que la Comisión ha emprendido "una particular cruzada para revolucionar las ayudas a la agricultura". En este sentido, el elemento más innovador de la propuesta es el control de las ayudas a los grandes terratenientes y a las explotaciones cuyos propietarios no tienen la agricultura como actividad económica principal: " Esto afecta de lleno a grandes terratenientes como son la reina de Inglaterra y [el príncipe] Alberto de Mónaco, y, en España, es simbólico el caso de la duquesa de Alba", precisa el diario.

Dacian Ciolos no propone “ni la opción radical, que consiste en abandonar progresivamente la ayuda  a los ingresos de los agricultores para privilegiar únicamente a los objetivos medioambientales, ni una reforma mínima encaminada a corregir simplemente las disparidades y a garantizar una mayor equidad en el reparto de las ayudas directas entre los Estados y los agricultores”, constata Le Monde. La nueva PAC no será pues “ni un statu quo, como sueñan los dos grandes beneficiarios de la actual PAC, Francia y Alemania, ni una disminución drástica de las ayudas, como  reclama Gran Bretaña”, concluye Les Echos.