"El Parlamento Europeo frena el acuerdo internacional contra la piratería", titula El País. Recordando que una petición en contra del ACTA, firmada por 2,5 millones de ciudadanos europeos, ha sido enviada a la Eurocámara, el diario madrileño estima que dicho tratado tendrá que esperar "al menos un año" para ser adoptado:

El Parlamento Europeo no se fía de que el texto respete suficientemente los derechos de los ciudadanos y ha decidido remitirlo a la justicia europea para que se pronuncie. Los diputados aseguran compartir el fondo de ese acuerdo comercial (...) pero recelan de las consecuencias que comporta su aplicación.

La discusión que precederá al voto del Parlamento, el 12 de marzo, se centrará, según El País, en que

el acuerdo responsabiliza a los proveedores de Internet de los contenidos diseminados en la red, lo que abre la puerta, aseguran sus detractores, a una especie de censura digital.

Por otra parte, la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, en un artículo publicado en la cadena norteamericana CNN, ha reprendido a Google, "poniendo[le] sobreaviso sobre el hecho de que se inmiscuya en la vida privada de los ciudadanos", relata The Guardian.

Las críticas se hacen cada vez más numerosas desde la puesta en marcha de la nueva política de Google, el 1 de marzo. The Guardian informa de que la autoridad francesa de protección de datos, la Comisión Nacional de Informática y Libertades, ha enviado una carta al conocido motor de búsqueda, informándole de que:

no responde a las exigencias de la directiva europea [de 1995] sobre la protección de datos. Además de que simplifican el procedimiento de registro para los nuevos usuarios, los cambios significan también que Google puede reunir los datos de las búsquedas en la web o de videos de los inscritos, los mapas geográficos consultados, las páginas web visitadas, los anuncios publicitarios sobre los que se ha hecho click y otras informaciones, para optimizar al máximo los servicios y publicidad para los usuarios.