El Tratado de Lisboa, que entra en vigor el 1 de diciembre, al menos hará feliz a 736 personas: a los eurodiputados, cuyos poderes aumentan con el nuevo texto. Tendrán más influencia que nunca en cuestiones de justicia, asuntos interiores y sobre todo, en lo que concierne al presupuesto y a la política agrícola. Sin que aún lleguemos a comprender cómo va a modificar el funcionamiento de la UE.

"Creo que llegará un momento en el que nos planteemos: ‘Dios mío, ¿qué hemos hecho?’", señalaba recientemente el politólogo Hugo Brady en euobserver.com, porque, con el Tratado de Lisboa, todo encaja para que los Estados se encuentren en el centro del juego: el fin de las ambiciones federalistas, un presidente de la Comisión (José Manuel Barroso), un presidente del Consejo (Herman Van Rompuy) y una alta representante de Asuntos Exteriores (Catherine Ashton) elegidos para que no hagan sombra a los dirigentes de los grandes países. Todo, excepto el refuerzo de los derechos del Parlamento.

Otorgar mayor peso a los únicos elegidos de toda la maquinaria comunitaria evidentemente es algo positivo. Pero ante la falta de una auténtica representación europea, con partidos, programas y campañas electorales que superen los intereses locales, este nuevo poder parlamentario corre el gran riesgo de ejercerse únicamente de forma política.

Uno de los primeros ejemplos de ello puede que sean las audiciones de los comisarios europeos. Sabemos que los nombramientos de Van Rompuy y Ashton son ante todo producto de una negociación entre la derecha y la izquierda europeas. Los eurodiputados se disponen ya a sacar brillo a sus armas para que recaiga en alguno de los candidatos una cartera de comisario. Tal y como informa Gazeta Wyborcza, el checo Štefan Füle y el húngaro László Andor se encuentran en el punto de mira por su pasado con el comunismo. Aunque les esperan problemas concretos, sería una pena que los elegidos antepusieran sus peleas nacionales y su voluntad de afirmarse al interés general. E.M.