La presión de los mercados, las manifestaciones contra la austeridad, la quiebra virtual de las comunidades autónomas: el Gobierno de Mario Rajoy ya no tiene margen de maniobra. Y el Banco Central Europeo, que podría acudir en ayuda de España, parece más interesado en favorecer un rescate global que implique una puesta bajo tutela de la economía española.

En el pliego de conclusiones del último Consejo Europeo existe un párrafo que consagra el acuerdo para que el Banco Central intervenga en caso extremo de crisis de deuda soberana. No se trata de un sobrentendido: está escrito negro sobre blanco en un papel que Rajoy lleva en su portafolios como si fuese un salvoconducto moral. Por eso el presidente anda perplejo ante los índices financieros y no para de asombrarse en privado de lo que considera un flagrante incumplimiento. Su cabreo es más que notable; entiende que las instituciones europeas no se toman a sí mismas en serio.

Quizá a estas horas, con la prima y el bono en el punto de fusión, ya se haya dado cuenta de que el problema tal vez no consista tanto en la falta de seriedad comunitaria como en una intención no declarada pero firme de forzar un rescate del Estado. La impasibilidad de Mario Draghi no puede ser sino estratégica; por debajo de los gestos y hasta de las decisiones oficiales parece existir un designio impositivo que condena a España a la intervención formal bajo amenaza forzada de suspensión de pagos.

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